Transposición a la ley española de las Directivas de Contratos del Sector Público: Ley 9/2017

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es una normativa fundamental que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. En este artículo del blog Catálogo Legal, profundizaremos en los aspectos clave de esta ley y su impacto en el ámbito de los contratos públicos.

Ley de Contratos del Sector Público: una mirada al marco legal europeo y español

La Ley de Contratos del Sector Público es una normativa que regula los procedimientos de contratación en el ámbito público. Esta ley tiene como objetivo garantizar la transparencia, la competencia y la igualdad de trato en la contratación pública.

En el marco legal europeo, la Directiva 2014/24/UE establece las bases para la contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea. Esta directiva busca armonizar las normas y procedimientos de contratación pública en Europa.

En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es la normativa que regula la contratación pública. Esta ley incorpora las directivas europeas y establece los principios generales y específicos que deben regir los contratos públicos.

Algunos de los aspectos más relevantes de esta ley son: la obligación de publicar los contratos en la plataforma de contratación del sector público, la introducción de nuevos criterios de adjudicación como la calidad o la sostenibilidad, y la especial protección de las pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación.

Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan la normativa. Las sanciones van desde multas económicas hasta la prohibición de contratar con el sector público.

En conclusión, la Ley de Contratos del Sector Público enmarca la contratación pública tanto a nivel europeo como español, estableciendo los principios y procedimientos que deben regir estos contratos. La transparencia, la competencia y la igualdad de trato son los pilares fundamentales de esta normativa.

¿Cuáles son las Directivas que la Ley 9/2017 transpone?

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, transpone al ordenamiento jurídico español varias Directivas europeas en el ámbito legal. Estas Directivas son las siguientes:

1. **Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo**: Esta Directiva establece normas para la protección de los conocimientos técnicos y la información comercial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

2. **Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo**: Esta Directiva se conoce como la Directiva NIS (Network and Information Security) y tiene como objetivo garantizar un nivel elevado y homogéneo de seguridad de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

3. **Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**: Esta Directiva establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de delitos, y sustituye a la anterior Directiva 2001/220/CE.

4. **Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo**: Esta Directiva tiene como objetivo luchar contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea mediante el derecho penal.

Estas Directivas, junto con otras normativas nacionales e internacionales, buscan armonizar y fortalecer la legislación en el ámbito legal, protegiendo los derechos e intereses de las personas en la Unión Europea.

¿Cuál es el contenido de la nueva Ley de contratos?

La nueva **Ley de Contratos** es una normativa que regula las relaciones contractuales en el ámbito legal. Esta ley busca modernizar y adaptar las regulaciones existentes a los nuevos desafíos y avances tecnológicos.

Entre las partes más importantes de esta ley se encuentran:

1. **Contratos electrónicos**: La nueva ley reconoce la validez y eficacia jurídica de los contratos celebrados de forma electrónica, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Esto permite facilitar y agilizar las transacciones comerciales en el entorno digital.

2. **Transparencia contractual**: La normativa establece la obligación de proporcionar información clara y comprensible en los contratos, evitando cláusulas abusivas y asegurando la protección de los consumidores.

3. **Protección al consumidor**: Se refuerzan los derechos de los consumidores en las relaciones contractuales, garantizando la equidad y la no discriminación en los contratos.

4. **Contratos de servicios digitales**: La ley establece disposiciones específicas para los contratos relacionados con servicios digitales, como el alojamiento web, la gestión de datos o el software.

5. **Contratación pública**: Se introducen medidas para fomentar la transparencia y la competencia en los contratos del sector público, garantizando así una mejor gestión de los recursos y una mayor eficiencia en las compras estatales.

La nueva Ley de Contratos supone un avance significativo en la regulación de las relaciones contractuales, adaptándose a las nuevas formas de contratación y brindando mayor seguridad jurídica tanto a empresas como consumidores. Es importante estar al tanto de estas disposiciones para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar posibles conflictos legales.

¿Cuáles son las facultades otorgadas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público a la plataforma de contratación del Sector Público?

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público otorga a la plataforma de contratación del Sector Público diversas facultades y funciones.

Una de las principales facultades otorgadas es la de ser el medio electrónico a través del cual se realizan los procedimientos de contratación pública. En este sentido, la plataforma se encarga de recibir, gestionar y publicar toda la información relativa a los contratos públicos.

Además, la plataforma de contratación del Sector Público tiene la función de garantizar la transparencia en los procesos de contratación. Esto implica que toda la información relevante sobre los contratos debe ser accesible y publicada de manera clara y fácilmente consultable para todos los interesados.

Otra facultad importante de la plataforma es la de permitir la presentación electrónica de ofertas y la comunicación electrónica entre los licitadores y la entidad contratante. Esto agiliza considerablemente los trámites y facilita la participación de los interesados en los procedimientos de contratación.

La Ley también establece que la plataforma de contratación del Sector Público debe contar con sistemas que garanticen la autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de los documentos e informaciones relacionadas con los contratos. De esta manera, se busca asegurar la validez y seguridad jurídica de todo el proceso.

En resumen, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público confiere a la plataforma de contratación del Sector Público la responsabilidad de ser la herramienta clave para la gestión de los contratos públicos, garantizando su transparencia y facilitando la participación electrónica de los interesados.

¿En qué artículo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se establece el contenido mínimo del contrato?

El artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece el contenido mínimo que debe incluir un contrato. En este artículo se detallan los aspectos que deben ser obligatoriamente incluidos en el contrato, que son los siguientes:

1. Datos de identificación de las partes contratantes, indicando su denominación, domicilio y representantes legales.

2. Objeto del contrato, especificando de manera clara y precisa el conjunto de prestaciones o entregas que componen el objeto del contrato.

3. Precio y forma de pago, detallando el importe total a abonar y la forma en que se realizará el pago.

4. Plazo de ejecución, indicando el período de tiempo en el cual se llevará a cabo el contrato.

5. Condiciones de recepción, estableciendo los criterios y procedimientos para la comprobación y aceptación de las prestaciones o entregas.

6. Garantías exigibles, determinando las garantías que las partes deben presentar durante la ejecución del contrato.

7. Causas de resolución, especificando las circunstancias bajo las cuales se puede dar por terminado anticipadamente el contrato.

8. Régimen de modificaciones del contrato, definiendo los procedimientos y requisitos necesarios para introducir cambios en el contrato inicial.

9. Mecanismos de revisión de precios, estableciendo los criterios para ajustar el precio del contrato en caso de variaciones en los costos de producción.

10. Ley aplicable y jurisdicción competente, determinando la legislación que regirá el contrato y el tribunal que será competente en caso de litigio.

Es importante tener presente que estos son los elementos mínimos que deben ser incluidos, pero las partes pueden complementarlos con otros aspectos y cláusulas adicionales según sus necesidades específicas.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los principales cambios introducidos por la Ley 9/2017 en relación con la contratación pública en España?

La Ley 9/2017 introduce varios cambios significativos en relación con la contratación pública en España. Algunos de los principales son:

1. Simplificación y agilización del procedimiento: Se busca simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia en los procesos de contratación pública. Se establece un procedimiento abierto simplificado para contratos inferiores a ciertos umbrales.

2. Mayor transparencia: Se refuerza la transparencia en los procesos de contratación, estableciendo la obligación de publicar toda la información relativa a los contratos en la Plataforma de Contratación del Estado.

3. Promoción de la competencia: Se fomenta la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, mediante la división de los contratos en lotes y la eliminación de requisitos innecesarios.

4. Inclusión social: La ley establece medidas para promover la inclusión social de determinados colectivos, como personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, en los procesos de contratación pública.

5. Criterios de adjudicación: Se introducen nuevos criterios de adjudicación, como el coste del ciclo de vida, la calidad, la accesibilidad o la innovación, que permiten tener en cuenta aspectos más allá del precio a la hora de seleccionar al contratista.

Estos son solo algunos de los cambios más destacados introducidos por la Ley 9/2017 en relación con la contratación pública en España. Es importante tener en cuenta que esta respuesta no abarca todos los cambios y que es recomendable consultar la normativa completa para obtener una visión más detallada.

¿Qué implicaciones tiene la transposición de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE en el ordenamiento jurídico español?

La transposición de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE en el ordenamiento jurídico español ha tenido importantes implicaciones en varios aspectos.

En primer lugar, estas directivas han introducido cambios sustanciales en la contratación pública en España. Se ha establecido un nuevo marco normativo para la adjudicación de contratos públicos, con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la competitividad en los procesos de contratación.

En segundo lugar, se han establecido nuevos procedimientos y criterios de selección de contratistas, así como reglas para la determinación de los plazos y condiciones de ejecución de los contratos. Esto ha supuesto una mayor profesionalización y especialización en la gestión de los contratos públicos, así como mayores garantías para los licitadores.

En tercer lugar, se han introducido medidas específicas para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la contratación pública. Se han simplificado los procedimientos de contratación y se han reducido los requisitos administrativos, lo que facilita el acceso de las PYMEs a la contratación pública.

En cuarto lugar, se ha reforzado la transparencia en los procesos de contratación pública. Se han establecido criterios claros y objetivos para evaluar las ofertas, y se ha promovido la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, lo que facilita la difusión de la información y la participación de los interesados.

Por último, estas directivas también han introducido cambios en el ámbito de los contratos en el sector de la defensa y la seguridad. Se ha establecido un régimen específico para la adjudicación de estos contratos, que incluye garantías adicionales en materia de seguridad y confidencialidad.

En resumen, la transposición de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE en el ordenamiento jurídico español ha supuesto importantes cambios en la contratación pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la competencia en estos procesos. Estas directivas han establecido nuevos procedimientos y criterios de selección, promovido la participación de las PYMEs, reforzado la transparencia y establecido un régimen específico para los contratos en el sector de la defensa y la seguridad.

¿Cuáles son los criterios de adjudicación establecidos por la Ley 9/2017 y cómo se aplican en los contratos del sector público?

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece los criterios de adjudicación que deben ser considerados al momento de otorgar un contrato en el ámbito del sector público. Estos criterios son fundamentales para asegurar la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública.

Los criterios de adjudicación establecidos por la Ley 9/2017 se dividen en dos categorías: los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas y los criterios evaluables mediante juicio de valor.

En los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, la Ley establece que se basarán en elementos objetivos y claros, como el precio, el coste del ciclo de vida, las características técnicas y funcionales, así como los plazos de ejecución. Estos criterios son cuantificables y se asignan puntos según las características concretas que se traen a la licitación.

Por otro lado, los criterios evaluables mediante juicio de valor son aquellos que no pueden ser cuantificados de manera exacta, ya que su ponderación depende de la apreciación subjetiva del órgano de contratación. Dentro de estos criterios pueden considerarse aspectos relacionados con la calidad, el diseño estético, las características medioambientales o sociales, entre otros. Es importante destacar que estos criterios deben ser establecidos de manera clara y precisa en los pliegos de condiciones.

La Ley también establece que estos criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y que, en cualquier caso, deben garantizar la no discriminación y la igualdad de trato entre los licitadores.

En cuanto a su aplicación en los contratos del sector público, la Ley establece que los criterios de adjudicación deben ser utilizados para seleccionar aquella oferta que presente la mejor relación calidad-precio. Para ello, se deben ponderar los distintos criterios establecidos y asignarles una puntuación. La oferta que obtenga la mayor puntuación será la seleccionada para la adjudicación del contrato.

Es importante destacar que la transparencia y la publicidad son fundamentales en el proceso de aplicación de estos criterios de adjudicación. Los órganos de contratación deben garantizar que todos los licitadores tengan acceso a la información necesaria para presentar sus ofertas y que los criterios de adjudicación sean conocidos previamente por todos los participantes.

En resumen, la Ley 9/2017 establece los criterios de adjudicación que se deben seguir en los contratos del sector público. Estos criterios pueden ser evaluables mediante fórmulas matemáticas o mediante juicio de valor, y su aplicación debe garantizar la transparencia y la igualdad de trato entre los licitadores.

Acerca del autor

Beatriz Díaz Beltrán es abogada especializada en derecho de familia, actualmente presta sus servicios en la Comunidad de Madrid. Es colaboradora habitual de la plataforma web Catalogo Legal

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